La Constitución Española obliga a las administraciones a garantizar que sean respetados.
El artículo 51 establece que debe:
Garantizarse la defensa de los consumidores y usuarios, protejerse su seguridad, salud e intereses económicos, promoverse la información y la educación de consumidores y usuarios y fomentarse las organizaciones de consumidores y usuarios.
Como consecuencia de este mandato constitucional se ha desarrollado una amplia legislación española destinada a la defensa del consumidor.